CIUDAD DE MÉXICO – El contrabando continúa prohibido en varios puertos y aduanas importantes, incluidos Altamira, Tampico y Guaymas, a pesar de que alrededor de una docena de altas agencias reguladoras de la Armada mexicana han gastado más de 11 mil millones de pesos en su lucha contra el robo de combustible. Hay indicios de que algunos oficiales navales son sospechosos de corrupción y aprueban la continua propagación de actividades ilegales.
Se informa que las agencias reguladoras desplegadas por el Ministerio de Marina en los puertos de todo el país incluyen unidades de inteligencia naval, unidades de operaciones especiales, la Oficina General de Inspección y Supervisión, la Policía Naval y otros departamentos, y sus responsabilidades comunes son monitorear, identificar y combatir el robo de combustible. Sin embargo, en centros clave como Altamira, Tampico, Ensenada, Ciudad Juárez, millones de litros de combustible siguen siendo traficados ilegalmente, lo que expone graves vacíos en el sistema regulatorio.
De acuerdo con el presupuesto de este año, el Almirantazgo ha recibido un total de 65,888 millones de pesos, de los cuales más de 11 mil millones de pesos han sido destinados a la alta gerencia y a los órganos de supervisión portuaria. De acuerdo con el proyecto de presupuesto para 2026 presentado recientemente por el Ministerio de Hacienda, el presupuesto total del Ministerio de Marina se mantendrá en unos 65.927 millones de pesos, que es básicamente el mismo que este año.
Los presupuestos de algunas unidades han subido en lugar de bajar: el presupuesto del Servicio General de Inspección e Inspección aumentará de 104 millones de pesos a 108 millones de pesos el próximo año, el presupuesto de las unidades de operaciones especiales aumentará de 601 millones de pesos a 611 millones de pesos, y la unidad de asuntos legales navales también aumentará ligeramente. Además, el presupuesto operativo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, administrado por la Armada, ascenderá a cerca de 270 millones de pesos.
En contraste, los presupuestos de las Unidades de Policía e Inteligencia Naval se redujeron levemente, al pasar de 7,691 millones de pesos a 7,678 millones de pesos y de 630 millones de pesos a 625 millones de pesos, respectivamente.
El análisis señaló que, aunque la asignación presupuestaria continúa inclinándose hacia la supervisión y la aplicación de la ley, el problema del contrabando de combustible no se ha erradicado, lo que refleja una brecha significativa entre la inversión de capital y la efectividad de la implementación. Cómo frenar la corrupción dentro del sistema y mejorar la transparencia de la aplicación de la ley se ha convertido en un problema urgente para el gobierno mexicano.
