La Aduana Nacional de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lanzaron recientemente conjuntamente una operación especial de aplicación de la ley, investigando y sancionando con éxito a 18 empresas sospechosas de operaciones ilegales e incautando más de 10.69 millones de paquetes de cigarrillos de contrabando. La operación se llevó a cabo en el puerto de Lhasa Rocadenas, Michoacán, uno de los puertos marítimos más importantes del país, para fortalecer los controles de importación y exportación y evitar el abuso de los subsidios financieros.
Durante la operación de dos semanas en agosto, la Administración General de Investigación Aduanera y la Administración General de Negocios, en colaboración con las cámaras de comercio de textiles, calzado y otras industrias, llevaron a cabo un total de 834 inspecciones de carga a través de verificación sistemática de inteligencia e inspecciones in situ, y emitieron 383 "Órdenes de verificación de mercancías en tránsito" (OVMT) para bloquear con precisión las mercancías que no han sido declaradas de conformidad con la ley y que ingresaron ilegalmente.
Después de un inventario exhaustivo, el valor total de la mercancía en los 123 contenedores inspeccionados ascendió a 1.224 millones de pesos. Entre ellos, los productos de calzado involucrados en el caso ascendieron a unos 506 millones de pesos, los textiles superaron los 654 millones de pesos, y las herramientas por 62 millones de pesos y muebles por más de 500,000 pesos.
En la actualidad, el departamento de aduanas ha iniciado sanciones administrativas de conformidad con los Procedimientos Administrativos para Asuntos Aduaneros (PAMAS) y ha revisado el proceso de despacho del lote original de mercancías por parte del Ministerio de Asuntos Económicos. Durante la operación, se encontraron 16 casos de subdeclaración deliberada de números de impuestos y sospecha de evasión fiscal, y los casos relacionados se están manejando más a fondo.
El Servicio Nacional de Aduanas de México enfatizó que esta aplicación no solo demuestra la determinación del gobierno de cumplir con el estado de derecho y mantener la seguridad económica, sino también una fuerte implementación de su política de soberanía comercial. La agencia reiteró que continuará manteniendo una situación regulatoria de alta presión en los principales puertos del país, tomará medidas enérgicas contra el contrabando y las violaciones corporativas, y garantizará la estabilidad financiera y económica nacional.
